El debate sobre el proyecto de ficha limpia finalmente concluyó sin aprobación. La sesión, que había generado altas expectativas tanto dentro como fuera del recinto, culminó con el rechazo de la iniciativa que proponía impedir que personas con condenas por delitos contra la administración pública pudieran postularse a cargos electivos o ser designadas en funciones públicas.

La primera en tomar la palabra fue la senadora cordobesa Alejandra Vigo, quien defendió con énfasis el proyecto, argumentando que “una persona con antecedentes penales evidentemente no puede ser candidata” y que la norma tenía como objetivo evitar el uso de los cargos públicos para obtener fueros e impunidad. Sin embargo, sus palabras no alcanzaron para revertir la decisión final.

También desde Córdoba, la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero consideró que el proyecto representaba “un primer paso para recuperar la confianza de la ciudadanía”, y sostuvo que en Argentina “reina la impunidad”, por lo que era necesario enviar “una señal clara”.

Otras voces se alzaron en contra. La senadora fueguina Cristina López denunció que el proyecto buscaba proscribir a Cristina Kirchner, y cuestionó su legitimidad al señalar que “los organismos internacionales han sostenido que el derecho a participar se debe proteger incluso cuando hay procesos legales en curso”.

Desde Río Negro, Silvina García Larraburu criticó el espíritu del proyecto al afirmar que “se está proscribiendo la posibilidad del desarrollo científico y tecnológico”, mientras que su par cordobesa arremetió contra el kirchnerismo, acusándolo de haber protagonizado “una de las corrupciones más alevosas”.

El senador radical Flavio Fama intentó bajar el tono, subrayando que “ficha limpia no tiene que ser un botín de guerra”, sino una expresión de madurez política. Martín Goërling Lara, cercano a Patricia Bullrich, se mostró más frontal: “Este Congreso nunca más va a ser un aguantadero de condenados”, exclamó, aunque su optimismo sobre la aprobación de la ley finalmente no se concretó.

Por el lado del oficialismo, Eduardo “Wado” de Pedro denunció que la ficha limpia era “la culminación de un método mafioso de proscripción” y aseguró que incluso senadores que la apoyaban reconocían en privado que el proyecto era deficiente, pero lo votaban por “presión mediática”.

En tanto, Víctor Zimmermann, de la UCR, remarcó que la iniciativa no vulneraba el principio de inocencia porque se trataba de una norma de carácter electoral. Guadalupe Tagliaferri, con un discurso de tinte electoral, sostuvo que el proyecto respondía a “un reclamo genuino de la sociedad civil” y no debía ser capitalizado por ningún candidato.

Pablo Blanco ironizó sobre las demoras previas a la sesión y defendió la necesidad de impedir candidaturas de personas con causas abiertas, aunque consideró que, en un país ideal, la ley no sería necesaria. Luis Juez, en su tono habitual, afirmó que “ficha limpia es algo elemental” y lamentó que en Argentina se necesite legislar sobre algo que en otros países se da por descontado.

Martín Lousteau, por su parte, apoyó el proyecto aunque relativizó su impacto y cuestionó tanto a sus promotores como a sus detractores por caer en excesos retóricos. Reiteró que la iniciativa no violaba ninguna garantía constitucional, y acusó a quienes la rechazaban de querer proteger a dirigentes condenados.

En este contexto, el proyecto Ficha Limpia quedará para la historia al menos en este 2025, un año nada más y nada menos que electoral. Podrá volver a ingresar al Congreso de la Nación recién el 1 de marzo del 2026.