20.2º C
La Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó la subasta de una vivienda en la localidad bonaerense de Castelar por el incumplimiento de un pagaré, tras declarar la inconstitucionalidad de una ley provincial que protegía la vivienda única de ocupación permanente sin necesidad de inscripción registral.
El fallo del máximo tribunal ratificó que una legislación provincial no puede blindar de embargos y ejecuciones a un inmueble sin que esté registrado, ya que contraviene la normativa nacional que sí exige esa formalidad.
La Corte remarcó que es competencia del Congreso Nacional definir qué bienes pueden ser embargados.
Se ordenó la subasta del 50% del inmueble que compartía con su exesposo y que constituía su vivienda familiar junto a sus dos hijos menores de edad en ese entonces.
Perrone intentó frenar el remate invocando la Ley provincial 14.432, dictada en 2012, que protegía la vivienda única sin necesidad de inscripción en el registro de la propiedad. Sin
embargo, la jueza de primera instancia declaró la inconstitucionalidad de esa norma en 2013, y la Cámara Comercial confirmó la decisión.
La docente apeló mediante un recurso extraordinario que llegó a la Corte Suprema. La Defensora General de la Nación y el Procurador General apoyaron su postura, pero los jueces Ricardo
Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti rechazaron el planteo.
Según Rosatti, el recurso no cumplía con el requisito de demostrar que la sentencia cuestionada fuera contraria al derecho federal invocado.
El fallo se alinea con precedentes del tribunal, como los casos "Banco Suquía SA c/ Tomassini" (2002) y "Romero c/ Lema" (2009), que también declararon inconstitucionales normas provinciales similares.
En este nuevo pronunciamiento, la Corte reafirmó la supremacía de la Constitución Nacional y la legislación federal sobre las leyes provinciales en materia de embargos y ejecuciones. (NA)
