El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Guillermo Castello, presentó un proyecto para derogar la ley de Paridad de Género, la cual establece que las listas electorales de la provincia deben estar integradas por partes iguales entre hombres y mujeres. “Es contraria al principio de soberanía popular”, puntualizó.

En línea con el proyecto que prepara el gobierno nacional de Javier Milei para modificar todo tipo de cupos y leyes “que tengan que ver con discriminación positiva”, Castello presentó este martes la iniciativa para derogar la ley 14.848 de paridad de género sancionada en 2016.

“El proyecto procura continuar con la defensa de instituciones republicanas y democráticas como la libertad del voto, la igualdad ante la ley, la no discriminación, la idoneidad como única exigencia para ingresar al empleo público, el derecho a elegir y ser elegido, todo lo cual  no es más que la defensa irrestricta del principio constitucional de soberanía popular”, puntualizó el diputado bonaerense.

En ese sentido, el proyecto de ley de Castello fue acompañado por el presidente de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja bonaerense, Agustín Romo, y los legisladores del espacio Sebastián Pascual y Gastón Abonjo.

En los fundamentos de la iniciativa, Castello remarcó que la ley de Paridad de Género viola el principio de soberanía popular propio de la forma republicana de gobierno que la Constitución Nacional adopta en sus artículos 1 y 37. “Obliga a los partidos políticos intervinientes a desplazar candidatos con mayor legitimidad popular y en mejores condiciones de interpretar la voluntad del pueblo, al solo efecto de cumplir con una paridad artificialmente impuesta”, añadió.

Vale recordar, que la Ley de Paridad de Género fue sancionada por la Legislatura bonaerense el 4 de octubre del 2016. La norma exige que las listas de candidatos a senadores, diputados provinciales, concejales y consejeros escolares incluyan un 50% de personas de cada género en forma alternada.

Asimismo, el legislador bonaerense de La Libertad Avanza sostuvo que la actual legislación obliga a los partidos políticos intervinientes “a desplazar candidatos mejor preparados para interpretar la voluntad popular”, al tiempo que vulnera “el derecho individual constitucional a ser elegido –receptado por el Pacto de San José de Costa Rica-, al proscribir a potenciales candidatos por la sola cuestión de no tener el género o sexo requerido”.

“Nuestra actualidad política muestra claramente la innecesariedad de un cupo legislativo artificial, con una expresidenta, una exgobernadora, una exvicepresidenta y numerosas diputadas entre las de mejor opinión pública, por nombrar sólo algunos ejemplos, ninguna de las cuales necesitó de cupo ni paridad compulsiva alguna”, expresó Castello.

En paralelo, el articulado del proyecto propone modificar el artículo 32 de la ley Electoral de la provincia, para así eliminar el apartado que dicta que para la oficialización de las listas se tiene que respetar para los cargos de cuerpos colegiados en todas las categorías, una equivalencia del 50% del sexo femenino y otro 50% del sexo masculino con mecanismo de alternancia y secuencialidad entre sexos por binomios (mujer-hombre u hombre-mujer).