De acuerdo al texto de Ahumada, que cuenta con la coautoría de sus pares Christian Gribaudo y Marcelo Leguizamón, el trámite instaurado con el objetivo de garantizar la seguridad vial, ha sido objeto de críticas por considerarse ineficaz y burocrático. “La VTV no ha logrado reducir significativamente los accidentes de tránsito y representa una carga económica desproporcionada para los ciudadanos”, señala el articulado.

Asimismo, el proyecto propone que, en lugar de la actual normativa, el control del Estado de los vehículos usados se rija por los artículos 34 y 35 de la Ley Nacional de Tránsito No 24.449. De esta manera, se busca unificar los criterios de verificación con la normativa nacional, eliminando el sistema vigente en la provincia, que la senadora considera obsoleto e ineficiente.

Entre las críticas al actual régimen de verificación, Ahumada expuso la falta de diferenciación entre vehículos nuevos y aquellos más antiguos. “La VTV se aplica de manera uniforme a todos los automóviles, sin considerar su estado real de mantenimiento. Esto obliga a propietarios de vehículos en buenas condiciones a cumplir con un trámite que, en muchos casos, no resulta necesario”, advierte en los fundamentos del proyecto.

En este sentido, la senadora del PRO detalla en su iniciativa que los desperfectos mecánicos representan menos del 1% de las causas de los siniestros viales en Argentina, siendo factores humanos como el exceso de velocidad, la imprudencia al volante y el consumo de alcohol, las principales causas. Por lo que sugiere avanzar en la incorporación de educación vial en las escuelas.

Por otro lado, Ahumada sostiene en el proyecto que la seguridad vial no puede depender únicamente del estado de los vehículos, sino que es necesario mejorar la infraestructura vial.

“Sin una inversión adecuada en la reparación y mantenimiento de las carreteras, cualquier esfuerzo en controlar los vehículos será insuficiente para reducir los siniestros viales”, resaltó.

“La obligatoriedad de la VTV ha tenido un impacto negativo en sectores productivos, como el transporte y las pequeñas empresas, que dependen de sus vehículos para operar. 

El aumento en los costos de la verificación ha repercutido en sus costos operativos, afectando su competitividad y capacidad de desarrollo, lo que, a su vez, ha generado aumentos en los precios de bienes y servicios en la provincia”, concluye la parlamentaria en el texto.