"El ajuste no lo vamos a hacer sobre la gente, ni sobre las políticas dedicadas a la reactivación ni a las medidas que ayudan a mitigar la emergencia”, agregó Magario.

Luego de aprobarse con modificaciones la nueva ley impositiva en el Senado bonaerense, su presidenta en contacto con la prensa aseguró que por los cambios introducidos a la norma por la oposición la provincia perderá de recaudar 10.000 millones de pesos,  que según explicó la Vicegobernadora “repercutirán en menos escuelas y hospitales arreglados y en la ayuda social”.

También cuestionó el pacto fiscal firmado por la exgobernadora Vidal: “Restringió ingresos y atentó contra  la posibilidad de crecimiento de la provincia”, aseguró.

La exintendenta de La Matanza fue rotunda al afirmar: “Aceptamos la deuda que tenemos, que no la produjo el actual Gobernador, y trataremos de pagarla”, pero del mismo modo fue inflexible al sostener: “No haremos recaer el ajuste sobre la gente, ni sobre las políticas dedicadas a la reactivación ni al sostén de la emergencia. Buscaremos alternativas para ir saldando la deuda interna y para ello tendremos que empezar a renegociar la deuda externa", adelantó.

Magario manifestó su sorpresa por el beneficio que se ha dado al impuesto a la televisión por cable, que se eliminó por totalidad: “Son sectores que podían colaborar, pero la oposición piensa que deben ser ajustado otros sectores y no quienes han tenido alta rentabilidad. El verdadero impuestazo lo dieron las empresas de energía, gas y agua durante estos últimos cuatro años”, aseveró.

A pesar de mostrarse contrariada por las modificaciones al proyecto original, Magario aseguró: “Ahora esperamos que Diputados convierta en ley esta propuesta: es una herramienta que el gobernador necesita”.

Ante la consulta de cómo continuará la relación con la oposición después de estos días de discusión, Magario fue mesurada al indicar: “Es hora de madurar políticamente. Creemos que tenemos que estar a la altura de las situaciones críticas que están atravesando los bonaerenses".

La vicegobernadora hizo una demoledora descripción del estado en que encontraron la administración provincial: “No se paga a los proveedores hace más de seis meses y en los hospitales faltan insumos, la Provincia está en cesación de pagos hace seis meses y  vemos una desinversión total”.

Y culminó exponiendo que durante la anterior gestión disminuyó la inversión en Educación en un 30%: “Eso es abandonar a nuestros chicos”.
La norma, aprobada en el Senado y girada a diputados para su sanción definitiva establece una segmentación en las alícuotas de los inmobiliarios urbano y rural que dota a la estructura tributaria provincial de una progresividad sustancial. Determina una reducción en las escalas imponibles de facturación de ingresos brutos para comercios, profesionales y  pymes industriales y rurales. Quedan exceptuados de erogar el inmobiliario urbano los clubes de barrios, jubilados que perciben la mínima y beneficiarios de la AUH.

Al desmenuzar los aspectos medulares del nuevo trazado impositivo, encontramos que de un universo de 4.500.000  partidas del inmobiliario urbano, el 35% tendrá un incremento menor a 500 pesos pagadero en 5 cuotas a lo largo del año, es decir 42 pesos mensuales.

Entre el 35 y 50% tendrán un incremento de hasta 1000 pesos, lo que equivale a un valor mensual de 83 pesos, mientras que el 50% y el 75% de las partidas aumentarán menos de 2000 pesos, alrededor de 167 pesos por mes.

Entre el 75% y el 90%, pagará un aumento mayor a 5000, lo que equivale a 417 pesos por mes.

Al segmentar las alícuotas del tributo, sólo las propiedades por encima de los tres millones de pesos de valuación fiscal serán pasibles de pagar el 75 por ciento de aumento.

Los jubilados de haberes mínimos, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asociaciones civiles como clubes de barrios, centros de jubilados y bomberos voluntarios, quedan exceptuados del pago del impuesto inmobiliario urbano

En el caso del inmobiliario rural, sólo 211 propietarios de campos de más de 2.000 hectáreas tendrán un incremento del 75%.

En lo referente al impuesto a los Ingresos Brutos, se reduce la base imponible de la facturación para las Micro Pymes industriales y rurales a 10.400.000 pesos.
También disminuye la alícuota de idéntico tributo a los servicios jurídicos, notariales, de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal, de diseño especializado, actividades profesionales científicas y técnicas, así como a la venta en comercios minoristas de almacén, alimentos y kioscos.

En tanto quedan eximidos del gravamen automotor los transportes municipales.

La normativa establece un tope  al incremento del impuesto automotor (patentes) que no podrá ser mayor a la inflación de 2019 (50%), y descentraliza en los municipios el cobro de patentes de aquellos modelos anteriores al 2010.

Del mismo reduce un 50% la tasa de carga y descarga en los puertos bonaerenses.