“El Municipio ha tomado nuevamente conocimiento de que las personas responsables de la intrusión del inmueble, se encuentran comercializando ilegalmente fracciones de parcela que integran dicho predio, por eso reanudamos el pedido para que la Justicia intervenga” advirtieron desde la Comuna al efectuar una nueva denuncia ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de La Plata. 

En ese marco, precisaron que “la medida también busca avanzar en lo que concierne a la ocupación ilegitima del predio”.

La presentación se realizó tras constatar la comercialización de lotes en el lugar. La misma se efectúa a través de las redes sociales y son ofrecidos por montos que alcanzan los 400 mil pesos en el mercado ilegal, ya que no tienen títulos de propiedad debido a que estas tierras pertenecen al gobierno nacional y provincial.

Según se informó, con la presentación se adjuntaron una serie de pruebas documentales, indicando que “el predio está siendo objeto de comercio por parte de sus intrusos”. Entre las pruebas se encuentran capturas de pantallas de la comercialización, imágenes y publicaciones que surgen de posteos virtuales efectuados por los intrusos.

En este contexto, y en contraposición con el fallo del Juez Alejo Ramos Padilla, la Municipalidad sostiene que “la intrusión ilegal fue perpetrada con la finalidad de obtener un lucro indebido, sumamente rentable, a costa de violentar el derecho a la propiedad de los poderes públicos”. 

En consecuencia, se indica que “la multiplicidad de ofertas comerciales, y similares negocios que ocurren a la vista de todos, no dejan dudas de que no se trató de una necesidad desesperada de habitar un lugar determinado”; al tiempo que se pidió “reconsiderar la decisión por la cual se entendió que no existían elementos probatorios suficientes para considerar la intrusión como delito”.

A su vez, se manifiesta que “la cantidad de personas involucradas en el despojo, la coordinación entre ellas, y la velocidad en la que consumaron la invasión” denotan una estructura organizacional, la cual demuestra que la usurpación no se perpetró en forma espontánea, si no “con clandestinidad”.   

“Solicitamos que se direccione la investigación a fin de investigar si sobre el predio opera una organización de tipo criminal. Sobre todo si se tiene en cuenta las maniobras denunciadas y la cantidad de ilícitos penales que acontecen dentro del predio” expresaron autoridades de la Comuna.

Conjuntamente, se adjuntó en la presentación una resolución de la Sala I de la Cámara Penal Contravencional y de Faltas de la Capital Federal, que ante sucesos similares confirmó la resolución del Juez de grado que ordenaba un desalojo cautelar. 

Ante ello, el Municipio pidió que se reanude de oficio la investigación y desarchivar las actuaciones; que se investiguen los nuevos hechos denunciados y las pruebas ofrecidas; y que se individualice a los responsables, imponiéndoles las penas correspondientes.