Conforme marca el inciso 2 del art. 73 de la Constitución  de la Provincia, es competencia de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a distintos funcionarios provinciales por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. En el texto expedido por los 43 legisladores del oficialismo, se detallan tres elementos salientes sobre este punto: "la pertenencia partidaria del Procurador General a la fuerza opositora Juntos y su subordinación funcional a los líderes de ese espacio político, expresadas en la foto tomada a Julio Conte Grand almorzando junto al ex Presidente Mauricio Macri el pasado 9 de diciembre; la manifiesta persecución judicial montada desde estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, sostenida e impulsada desde el orden nacional con instalaciones en territorio bonaerense y producción de inteligencia ilegal; y la efectiva instrumentalización del Ministerio Público bonaerense para llevar adelante un plan de persecución judicial a gremialistas, que dejó en evidencia el video que tomó estado público el pasado 27 de diciembre".  

La presentación contra el jefe de los fiscales bonaerenses se suma a declaraciones públicas de distintos dirigentes y referentes políticos y sociales luego de conocerse el video en el que el exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, expresa su deseo de armar una "Gestapo" antisindical, implicando además de a otros funcionarios de su gobierno, a empresarios y agentes de la AFI.

Al respecto, Valicenti señaló: "Hemos sido testigos las y los bonaerenses, las y los argentinos en el periodo 2015-2019 de una dinámica política, mediática y judicial de la que fue víctima la sociedad en su conjunto, porque sin ese método de persecución, disciplinamiento y espionaje no se podría haber avanzado en un proyecto económico, político y de una mirada de función del estado. La Provincia no estaba exenta de ese mecanismo cuyo fin último era disciplinar a la sociedad organizada para que no tenga niveles de crítica contra el modelo de fuga de capitales, endeudamiento, destrucción del aparato productivo e intento de eliminación de la política que se ejecutó durante 4 años. Como representantes del pueblo tenemos el deber de avanzar con el juicio político, mecanismo que nos confiere la Constitución provincial, al Procurador General Julio Conte Grand, involucrado como actor clave en este proceso".

Por su parte, Susana González consideró que "en esta provincia, con la aprobación de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, se sentaron bases de la AFI cuyo objetivo era investigar, perseguir, encarcelar a actores que tenían que ver con la política, el sindicalismo y las organizaciones sociales, incluso a estudiantes secundarios y hasta a familiares del submarino ARA San Juan". También añadió: "La filmación que se dio a conocer no es más que una pequeña parte de todo lo desplegado por la mesa judicial, de lo que el gobierno de Macri y de Vidal realizaron en nuestra Provincia en un intento de disciplinamiento a jueces, juezas, fiscales y fiscalas, cuando no querían fallar conforme a los intereses del modelo político y económico del ex presidente y de la ex gobernadora".

"Desde nuestro bloque avalamos por unanimidad este pedido de juicio político a Conte Grand para decir basta de atropellos, de espionaje y de gestapo. El accionar del Procurador General es incompatible con la autonomía y la independencia del desempeño del Ministerio Público y por ello estamos aquí dando curso a la máxima instancia que nos brinda la Constitución bonaerense, a los fines de buscar la respuesta que el pueblo se merece y por lo tanto vamos a buscar consensos con los demás bloques políticos", resaltó en tanto Eslaiman.

A su vez, Eslaiman adelantó que se pedirán oficios a la AFI y se citará a declarar a dirigentes políticos, gremiales, funcionarios y ex funcionarios, entre ellos a Gabriel Vitale, Enrique Ferrari, Pablo y Hugo Moyano, Natalia Roussillon, Cristina Caamaño, Roberto Cipriano García, Gustavo Ferrari, Marcelo Villegas, Adrián Grassi, Julio Garro, Juan Sebastián De Stéfano y a Juan Pablo Allan.

"En nuestro carácter de representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires y tras haber tomado conocimiento de situaciones de inusitada gravedad institucional en las que incurrió el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia Julio Conte Grand, nuestra facultad se transforma en un imperativo legal y moral", sostiene la argumentación que acompaña el pedido de los diputados del Frente de Todos.