Es lógico que la atención esté puesta en las Elecciones Generales considerando que, si los resultados vuelven a ser desfavorables, las condiciones de gobernabilidad sufrirán un nuevo embate. En este contexto, surge la necesidad de reactivar la economía apostando a un plan que se ocupe de poner plata en el bolsillo de la gente.

El aumento del salario mínimo vital y móvil, el lanzamiento del nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la jubilación anticipada, la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, los programas “Pre Viaje”, la flexibilización de los créditos a tasa cero de hasta $150.000 por monotributista, el programa de blanqueo para empleadas domésticas, el cambio de modalidad de la “Tarjeta Alimentar” que a partir de ahora podrá ser utilizada para cualquier tipo de gasto, la duplicación de asignaciones familiares subsidiada con fondos públicos y el programa “Mi Pieza” destinado a financiar la ampliación de viviendas en barrios de emergencia; son algunos de los anuncios más importantes. Se estima que el paquete de medidas representa un costo total de $230.000 millones, el equivalente a 0,5% del PBI.

No caben dudas que la sociedad necesita un Estado presente que gestione la crisis de manera eficiente sosteniendo a los sectores más castigados, pero asumiendo la responsabilidad de manejar los recursos de manera sustentable. Entonces, la pregunta forzosa es si esta nueva dinámica es pan para hoy, hambre para mañana.

El principal instrumento al que recurre el gobierno para desplegar su cruzada electoralista es la emisión monetaria, imprimiendo 4,5 millones de billetes de $1000 por día. Los argentinos conocemos por experiencia propia las consecuencias de esta práctica: más emisión, aumento de inflación, menor poder adquisitivo, caída del consumo, suba del desempleo, crecimiento de la pobreza.

Es posible que en el corto plazo exista esa sensación de mejora que intenta instalarse, pero en un contexto inflacionario; con pocas reservas; falta de inversión privada y déficit fiscal, resulta imposible creer que la emisión descontrolada no produzca un rebote negativo en las variables económicas.

Los pasos que da el gobierno, lejos de constituir una estrategia que apunte a cambios estructurales, pareciera ser una reacción espasmódica similar a la que tuvo la administración de Mauricio Macri luego de las Primarias de 2019. La diferencia sustancial es que el macrismo estaba de salida y al oficialismo le quedan dos años al frente del país.

El claro desafío que afronta la gestión de Alberto Fernández radica en desarrollar medidas que atiendan lo urgente, sin dejar de lado lo importante. La reconversión de planes sociales a empleo genuino, por ejemplo, va en esa línea. Si no queda en un simple anuncio de campaña, su implementación sostenida será clave para paliar los índices de pobreza y desempleo.

Las soluciones mágicas no existen, para generar condiciones de estabilidad y previsibilidad socioeconómica el camino obligado es aquel que articule acuerdos básicos con las distintas fuerzas políticas y actores de la sociedad. De ahí la convocatoria que lanzó días atrás el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para negociar acciones con la oposición a partir del 15 de noviembre.

En definitiva, la democracia se trata de eso, de converger en consensos que contemplen las necesidades e intereses de todos los sectores. Estamos en un punto sin margen para especulaciones ni posturas radicalizadas. Si los dirigentes, oficialistas y opositores, ponen a la gente por encima de sus mezquindades, probablemente empecemos a vislumbrar un cambio de rumbo.

(*) Christian López: Analista en Relaciones del Trabajo (UBA) con Posgrado en Comunicación Política e Institucional (UCA).