La crisis del 2002 exigió que se distribuyan 2,2 millones de subsidios mediante el Plan Jefas y Jefes de Hogar. Este tipo asistencia nació con la finalidad de contener a un sinfín de familias de manera transitoria, hasta tanto los indicadores permitieran generar condiciones de empleabilidad.  

Esa recuperación comenzó a darse entre los años 2004 y 2012. En ese período el PBI creció 50%, el empleo privado formal aumentó en el mismo porcentaje y el salario real formal subió un 80%. Sin embargo, más de un millón de planes seguían existiendo.

Con el transcurso de los años y el fracaso de los distintos gobiernos en materia económica, estos programas fueron profundizándose adquiriendo como principal característica la masividad.

Entre las distintas posturas están los que sostienen la continuidad de esta asistencia tal como está planteada, en donde movimientos sociales centralizan su administración, actuando muchas veces como intermediaros. 

Otros plantean que debe eliminarse por completo, entendiéndola como una herramienta que además de ir contra la cultura del trabajo, es utilizada de manera extorsiva por parte de sectores políticos que, en tándem con ciertas organizaciones sociales, la usan para su propio beneficio.

Por fuera de esas visiones, algunos sostienen que el beneficiario debe ser el destinatario directo (como ocurre con la Asignación Universal por Hijos o la Tarjeta Alimentar, por ejemplo) y evitar así cualquier tipo de suspicacia respecto a la discrecionalidad en cuanto a su administración. 

Sin embargo, pareciera que el camino más sustentable radica en un plan gradual que garantice la reconversión de planes en trabajo genuino. Respecto a esta idea, durante los últimos días Alberto Fernández, Héctor Daer y Paolo Rocca coincidieron en la necesidad de ir hacia ese lugar. El Gobierno, la CGT y el sector empresario llegan a la misma conclusión: transformar un programa asistencialista en un esquema de empleo.

No es nueva esta intención de priorizar el trabajo y la producción. Lamentablemente, como marca la historia, casi siempre queda en lo discursivo. Veremos si esta vez los actores políticos, sociales y económicos están a la altura de sus palabras.

Parece ineludible cambiar de rumbo en un país hastiado de crisis constantes, donde las reactivaciones económicas no llegan, la inestabilidad se convirtió en moneda corriente y los índices de pobreza se disparan. 

Está claro que los planes son efectivos para contener una situación social en el corto plazo, pero no representan una solución de fondo. Es necesario que los beneficiarios se inserten en un mercado de trabajo que les brinde estabilidad y oportunidades de crecimiento. La pregunta es si realmente existe la decisión política de plasmarlo.

En un contexto donde el margen de maniobra es reducido y se profundizan las desigualdades sociales, se necesita una dirigencia rápida de reflejos que abandone la lógica cortoplacista. Cuando el horizonte deje de ser meramente electoral, en una de esas, las cosas empiecen a cambiar.

(*) Christian López, Especialista en Relaciones del Trabajo.