En una audiencia celebrada este lunes ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, el fiscal general Mario Villar propuso una medida intermedia que reconfigura el mapa judicial de Cristina Fernández de Kirchner: mantener la prisión domiciliaria, pero en otro domicilio. La decisión final está en manos de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes tienen cinco días hábiles para resolver.

La propuesta de Villar se distancia de la línea dura de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían reclamado que la expresidenta fuera trasladada a una cárcel común. Para Villar, ese paso sería un retroceso en el desarrollo personal de la condenada y no se justifica, dado que hasta ahora ha cumplido con las reglas de conducta impuestas.

El argumento central del fiscal es que la residencia actual de Kirchner, en la calle San José 1111 del barrio porteño de Constitución, se ha convertido en un foco de disturbios y manifestaciones que afectan tanto a la seguridad de la exmandataria como a la tranquilidad del vecindario. “La libertad de expresión no puede implicar que los vecinos deban soportar alteraciones constantes del orden público”, sostuvo.

Además, Villar insistió en que la tobillera electrónica debe mantenerse, al menos hasta que un informe técnico indique lo contrario. La defensa de Kirchner, encabezada por Carlos Beraldi, había solicitado su remoción, alegando que la custodia permanente en el lugar la vuelve innecesaria.

Otro punto en disputa es el régimen de visitas. El Tribunal Oral Federal 2 impuso restricciones que limitan el ingreso al domicilio a familiares, abogados, médicos y custodios, exigiendo autorización judicial para cualquier otra persona. La defensa considera que estas condiciones afectan el derecho de la expresidenta a mantener una vida social y familiar plena.