Poe Redacción Noticia Baires 

No fue Repsol. No fue el CIADI. Fue Loretta Preska. Desde el segundo distrito sur de Manhattan, la jueza autorizó que el 51% de las acciones de YPF —reestatizadas en 2012 sin indemnizar a accionistas privados— sea entregado a fondos buitres como parte de un fallo por 16.000 millones de dólares. El golpe no es solo económico: también es político y simbólico.

El beneficiario clave es Burford Capital, que compró los derechos litigiosos y llevó el caso hasta esta resolución. Aunque Argentina apeló, Preska ya ordenó transferir las acciones a una cuenta de custodia en EE.UU. El problema: el gobierno no puede legalmente entregarlas sin aval del Congreso. Y ese aval no existe.

Mientras el oficialismo promete llegar hasta la Corte Suprema de EE.UU., el mercado reaccionó con alarma: las acciones de YPF cayeron más del 8% y el Merval se tiñó de rojo. El caso revive viejos fantasmas sobre la seguridad jurídica y reaviva la grieta entre soberanía energética y litigios internacionales.