La apelación, presentada ante la Cámara Federal de Casación Penal, sostiene que “jamás existieron motivos reales” para apartarse de la regla general del Código Penal: que las penas privativas de libertad se cumplan en establecimientos penitenciarios. Los fiscales argumentan que la condición de expresidenta y el atentado que sufrió en 2022 no justifican un trato diferencial.

Pero el escrito va más allá del tecnicismo legal. Luciani y Mola afirman que la prisión domiciliaria ha generado un “impacto social negativo” y que la expresidenta debe “internalizar la gravedad del daño ocasionado” por los delitos de corrupción por los que fue condenada. En otras palabras, buscan que el castigo tenga un efecto ejemplificador.

Desde el entorno de Cristina, el silencio es estratégico. Sin embargo, el clima político se recalienta: mientras sectores del oficialismo denuncian una persecución judicial, la oposición celebra lo que considera un paso hacia la igualdad ante la ley.

La decisión final recaerá en la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Borinsky, Hornos y Barroetaveña.