Baradel denunció el ajuste de Milei ante la OIT

En el marco de su participación en el Comité Mixto OIT/UNESCO sobre la situación de los Docentes, Roberto Baradel, secretario Adjunto de CTERA, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA-T y miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación, expuso con firmeza sobre las consecuencias del brutal ajuste que el Gobierno de Milei viene aplicando sobre el sistema educativo de nuestro país.

Baradel denunció la persecución sindical, la eliminación de derechos laborales adquiridos y la implementación de reformas educativas impuestas de manera unilateral, sin diálogo ni consenso con las Organizaciones que representan a los Trabajadores de la Educación.

Además, advirtió sobre el Decreto 341/2025 que elimina la participación del Estado en la Paritaria Nacional Docente, medida que representa un ataque frontal al derecho a la negociación colectiva y constituye una violación directa de los Convenios 98, 151 y 154 de la OIT, todos ellos ratificados por la República Argentina.

Entre otras ideas, expresó: "El respeto a los derechos fundamentales de lxs Docentes -como la formación permanente, salarios dignos, Escuelas seguras, la valorización de su trabajo y el derecho a huelga- son condiciones esenciales para garantizar una Educación Pública de calidad. Sin embargo, en Argentina, el Gobierno Nacional restringe el diálogo social y criminaliza la protesta, profundizando la crisis educativa y democrática. El Gobierno quiere declarar a la Educación servicio esencial para limitar el derecho a huelga, pero no la considera esencial cuando recorta presupuesto, elimina el FONID, paraliza obras. Una contradicción que muestra su desprecio por la Educación Pública".

Por otra parte, en el marco de la 113ª Conferencia de la OIT, "denunciamos el Decreto 340/25 que intenta suprimir el derecho de huelga en actividades que para la OIT no deben ser declaradas servicios esenciales", detalló asimismo el secretario general del SUTEBA, y agregó: "Una actividad debe ser declarada servicio esencial cuando la paralización total o parcial de las actividades son un riesgo para la vida y la salud o la seguridad de las personas".

Además, destacó: "Denunciamos la criminalización de la protesta social y el ensañamiento que hay con los jubilados en su reclamo de todos los miércoles, el ataque a científicos, actores, cantantes, representantes de la cultura, pueblos originarios, docentes, y trabajadores estatales, médicos, migrantes, periodistas y diferentes colectivos que el Gobierno toma como enemigos".

"También nos solidarizamos con todas las personas con discapacidad y sus familias que están luchando por una Ley de Emergencia y mencionamos el ataque del presidente de la Nación a un nene de 12 años con autismo. Se planteó establecer una estrategia común para enfrentar este tipo de políticas que son agresivas con los trabajadores y con el conjunto del Pueblo y que intentan destruir a las Organizaciones populares y, en particular, a las Organizaciones Sindicales para que no podamos resistir a este tipo de medidas, que sin ninguna duda, tienen el objetivo de garantizar los privilegios y la ganancia a los sectores de mayor capacidad contributiva, y fundamentalmente a aquellos sectores que promueven el endeudamiento y la especulación financiera", finalizó.

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