Este convenio se enmarca en el Capítulo III "Tarifa de Servicios Públicos en Emergencia" de la Ley N° 15.192 y continúa el trabajo coordinado que se viene llevando a cabo con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.

El acuerdo prevé que la Subsecretaría de Energía provincial remita al ENARGAS, el listado informado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. A partir de allí, el Ente Regulador identificará los suministros que se correspondan con la entidad beneficiaria informada, a fin de que la Provincia pueda aplicar el beneficio tarifario.   

Una vez identificados los usuarios, el ENARGAS procederá a identificar los montos totales facturados mensualmente a partir de lo informado por las prestadoras correspondientes a través del Sistema Automático de Remisión Informática (S.A.R.I.) del Organismo y remitirá el reporte a la Subsecretaría. Al ser remitido el listado de entidades beneficiarias por la Subsecretaría y recibido el mismo por el ENARGAS, éste tendrá un plazo de 30 días hábiles administrativos, para remitir a la Subsecretaría el primer reporte.  

Para ello, el Ente Regulador instruirá a las distribuidoras y subdistribuidoras de gas natural y gas licuado de petróleo indiluido distribuido por redes en el ámbito de la provincia que, cuando se les haga efectivo el pago del subsidio a cada una de ellas, deberán poner a disposición de los usuarios beneficiarios -vía liquidación del servicio público-, el monto del crédito otorgado hasta completar el valor total del monto asignado.  

Este convenio se suma al trabajo que el ENARGAS viene realizando junto a distintas provincias del país, organismos del Estado como el Ministerio de Economía de la Nación, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación, el ENRE, la ANSES, y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, entre otros, a fin de mejorar y extender la prestación del servicio de gas natural por redes, fortalecer las instituciones del Estado y favorecer la gestión de políticas públicas.