Cabe señalar que son de público conocimiento las denuncias realizadas por las diferentes asociaciones que nuclean a los prestadores sobre la falta de pago.

Es conocido que los días 29, 30 y 31 de agosto se realizaron en todo el país diferentes manifestaciones reclamando soluciones a esta coyuntura, y un paro de  actividades.

"La gravedad de la situación afecta a un sector muy vulnerable de nuestra sociedad generando angustia y preocupación", indicó la legisladora, al tiempo que añadió que con la iniciativa presentada en la Cámara Alta de la Provincia "buscamos obtener un cuadro de situación sobre esta problemática que afecta a familiares y usuarios de servicios médicos asistenciales para personas con discapacidad".

En ese contexto, solicita información, entre otras cuestiones, sobre los motivos de la demora del pago de las prestaciones a profesionales, proveedores de salud y transportistas de personas con discapacidad por parte de las Obras Sociales y la Superintendencia de Servicios de Salud; sobre la situación actual de los prestadores de servicios y de los usuarios de las prestaciones ante el  incumplimiento; si existe fecha o plazo para regularizar la situación y efectuar el pago adeudado, y qué medidas se han tomado para disminuir el impacto negativo para los prestadores y las personas con discapacidad.

Resulta importante destacar que en nuestro país la salud integra un "sistema solidario" en el que todos los beneficiarios aportan a un fondo común, por ello parte del pago de las prestaciones para personas con discapacidad es ejecutado por el Fondo Solidario de Redistribución, Fondo que no es del Estado pero que se encuentra administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Por otra parte, y ante diferentes versiones, se pide que explique si es cierto que se propicia desde el Poder Ejecutivo Nacional que las obras sociales dejen de dar las prestaciones a las personas con discapacidad, pasando las mismas a manos del Estado a través de la Agencia Nacional de Discapacidad u otro organismo.

"La posibilidad de suspensión de las prestaciones por esta situación pone en peligro uno de los principios básicos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006 y ratificada en nuestro país por Ley 26.378", advirtió la senadora provincial.

Por estos motivos, indicó para finalizar que "es necesaria una respuesta urgente que dé claridad y tranquilidad a los sectores involucrados, en pos de una sociedad más igualitaria y equitativa".