El proyecto ingresado en la Comisión de Industria y Minería, presidida por la senadora Aldana Ahumada, obtuvo este martes la aprobación del Bloque de Juntos por el Cambio y, pese a la negativa de los Senadores del Frente de Todos, logró despacho para ser tratado en el recinto durante la próxima sesión ordinaria.

En relación a esto el Legislador por la Sexta Sección Electoral, hizo referencia, en el proyecto, al caso de la planta Airipar Bio S.A., empresa dedicada a la elaboración de este combustible desde hace más de diez años en la localidad de Daireaux, la misma “ha generado empleo genuino para más de 50 familias del lugar, brindando un continuo impulso a la economía y al trabajo ambientalmente sustentable y es referente en nuestro país con una producción de 50.000 toneladas de biodiesel Premium anual” . 

Acorde a la información oficial emitida por el área de Desarrollo Agrario perteneciente al Ministerio de Agroindustria bonaerense, hay 32 establecimientos habilitados para producir bioenergía en la Provincia, de los cuales 28 están en actividad, 11 son de biodiesel, 13 de biomasa húmeda y 4 de biomasa seca.

El biodiesel en Argentina genera más de 4000 empleos indirectos y 9.024 directos e indirectos. Entre los años 2012 y 2019, de acuerdo a datos del INDEC, las exportaciones de biodiesel generaron un flujo positivo de divisas promediando los 1089 millones de dólares anuales.

En concordancia con esos datos Hirtz manifestó que “es importante que brindemos nuestro apoyo, desde la Legislatura de la Provincia, a los productores porque no sólo generan empleo genuino y contribuyen a la sostenibilidad ambiental, sino que también están pasando por un momento crítico, dado que hay cierta incertidumbre en relación a la cuestión nacional y al futuro de sus fuentes laborales”.

Esa situación se da porque este mes vence la Ley Nacional de Biocombustibles, N°26.093. La misma fue sancionada el 19 de abril de 2006 y promulgada el 12 de mayo de ese año. Actualmente cuenta con media sanción del Senado Nacional, para ser prorrogada por cuatro años más con el mismo régimen que contiene la Ley. 

Sin embargo existe la intención en la Cámara Baja nacional de sancionar una nueva Ley que cambiaría el régimen de producción actual, perjudicando al sector productivo