La Fundación Apolo presentó ante la Justicia una serie de observaciones y requerimientos vinculados al eventual cumplimiento de la condena a Cristina Fernández de Kirchner bajo la modalidad de prisión domiciliaria. El texto lleva las firmas del diputado y director de la ONG, Yamil Santoro; y de los abogados José Magioncalda, Nicolás Silvera e Ignacio Falcón.

En el escrito se remarcó que este beneficio, previsto por ley en función de la edad de la condenada, no puede ser convertido en un tratamiento de privilegio. «La prisión domiciliaria debe ser una alternativa excepcional al encierro carcelario, no una instancia de impunidad lujosa», argumentaron desde Apolo.

En esa línea, Santoro remarcó: «Cristina debería completar su condena en un domicilio común o en la cárcel, no en un inmueble de lujo pagado con erario público. Porque en definitiva, la prisión domiciliaria no es derecho, es un privilegio».

La Fundación subrayó que el inmueble donde se cumpla la pena debe reunir condiciones de control efectivo, evitando el uso de propiedades de alto valor simbólico o económico. «Sería inadmisible que una condenada por corrupción cumpla su pena en una mansión, mientras la mayoría de los argentinos vive en condiciones de austeridad», expresaron en el escrito.

Entre los criterios propuestos a la Justicia se destacan:

*Que el inmueble no supere los 30 metros cuadrados por persona que lo habite.

*Que, si se trata de un departamento en altura, no cuente con balcones.

*Que las visitas se limiten a un día a la semana, de 14 a 17, con un máximo de dos personas por vez.

*Que el domicilio se ubique a más de 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y en localidades de menos de 100.000 habitantes.

También advirtieron que, dada la notoriedad pública de la ex presidente, su presencia en ciertos barrios podría generar alteraciones del orden público, con manifestaciones, concentraciones y operativos que afecten a los vecinos.

La Fundación Apolo remarcó que el cumplimiento de la condena debe garantizar un trato digno, pero sin otorgar beneficios que distorsionen el sentido de la pena. En ese sentido, solicitaron al juez que ejerza su facultad de establecer condiciones claras, compatibles con la equidad republicana y el principio de igualdad ante la ley.