Se trata de la denominada “Ley Micaela” aplicada a estas instituciones, cuyas autoridades serán las responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones, así como el modo y forma.
Los contenidos curriculares son los establecidos en la ley de "Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales", en la ley provincial y los que decida la autoridad de aplicación.